Los docentes extremeños recibirán la subida salarial de 80 euros mensuales en la nómina de enero

La portavoz de la Junta de Extremadura en funciones, Elena Manzano, ha anunciado, tras la reunión del Consejo de Gobierno, que los docentes de centros educativos públicos recibirán una subida salarial de 80 euros mensuales en la próxima nómina.

"Son, en total, 18.841 maestros y profesores quienes verán reflejada esa mejora en la próxima nómina con efectos desde el 1 de enero de 2026", ha explicado.

Elena Manzano ha añadido que "cada docente se beneficiará de una subida salarial de 1.120 euros al año, que se distribuirá en sus 14 pagas". Para la Junta de Extremadura, supondrá una inversión adicional anual de 24,6 millones de euros.

"Esta subida no solo beneficia a los funcionarios de carrera, sino también a los interinos y al personal laboral docente que ocupe plazas en centros educativos públicos no universitarios", ha subrayado la portavoz. Y ha insistido también en que "la Administración ha mantenido, en todo momento, una voluntad negociadora con las organizaciones sindicales".

"Una vez más, desde este gobierno cumplimos con nuestros docentes y con la mejora de sus condiciones laborales, algo que, además, redunda en la calidad de la educación", ha añadido.

Elena Manzano ha recordado otras medidas que el Ejecutivo ha llevado a cabo en el ámbito educativo, como el hecho de que la región cuente con 1.081 docentes más. También se han reducido las horas lectivas de los maestros, desde las 25 hasta las 23 horas. Y se han bajado las ratios de alumnos por aula: de 25 a 22 en infantil y de 35 a 30 en bachillerato.

Asimismo, se ha referido a la mejora de los permisos para conciliación y la eliminación de las jornadas en horario de tarde, así como al pago de todas las actualizaciones salariales comprometidas, incluida "la del 2 por ciento de 2020 que no abonó el anterior gobierno".

"Con esta nueva medida, a la que hoy damos luz verde, seguimos mejorando la calidad de vida de nuestros docentes", ha zanjado.

NUEVAS COMARCAS GANADERAS

Por otro lado, el Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto mediante el que se pretende mejorar la organización de las comarcas ganaderas en la región para adaptarlas a las necesidades sanitarias reales y simplificar la gestión de la actividad ganadera.

Elena Manzano ha afirmado que, con esta medida, las 15 comarcas ganaderas actuales se transformarán en 43. Se trata de un cambio en una estructura que se estableció en los años noventa.

La delimitación de comarcas ganaderas en el territorio, según ha explicado la portavoz, "sirve para organizar, controlar y gestionar la actividad ganadera dentro de nuestra comunidad autónoma".

Con la nueva estructura, ha añadido, habrá "más zonas, más pequeñas y mejor definidas". Con ello, "conseguimos aumentar el control de las enfermedades de los animales".

Al contar con comarcas menos extensas, ha explicado Manzano, "es posible reforzar la vigilancia, analizar mejor el riesgo, tomar decisiones más precisas y aplicar las medidas solo donde realmente son necesarias, evitando restricciones innecesarias en zonas que no están afectadas".

Ha puesto como ejemplo la comarca de Cáceres, que ha sido única hasta ahora. Estaba integrada por 26 municipios y un total de 1.321 explotaciones, que tenían que hacer dos saneamientos anuales.

Ahora, con este cambio, la comarca de Cáceres se dividirá en tres comarcas: Cáceres Centro, Cáceres Norte y Cáceres Sur. Esta última solo tendrá que hacer una campaña de sanidad animal en el caso de la tuberculosis, ya que la prevalencia de la enfermedad en esa zona específica es menor del 3 por ciento.

Por otro lado, Manzano ha aclarado que las 15 Oficinas Veterinarias de Zona actuales se mantienen sin cambios y que seguirán prestando la misma atención al ganadero.

"Con todo ello, buscamos reforzar la protección del sector y mejorar la gestión sanitaria ante enfermedades de los animales", ha apostillado.

DESCATALOGACIÓN DE MONTES

En materia de gestión forestal, la portavoz en funciones ha anunciado que "vamos a eliminar la protección de una superficie en la localidad cacereña de Santibáñez el Bajo para favorecer la construcción de un nuevo polígono industrial".

En concreto, se trata del Monte de Utilidad Pública 'Dehesa Boyal', que cuenta con una extensión total de 926 hectáreas. Según ha explicado, el ayuntamiento de Santibáñez el Bajo ha solicitado la descatalogación de una parte de 4,5 hectáreas que desde hace veinte años no tiene aprovechamiento forestal.

En este sentido, ha agregado que los informes técnicos municipales consideran que es el lugar más idóneo, por su ubicación y sus vías de comunicación, para alojar la nueva infraestructura. Además, los técnicos del Servicio Forestal han descartado valores ambientales o naturales de interés en esa zona.

"Con esta propuesta, la localidad cacereña busca la implantación de nuevos negocios para impulsar la economía local y frenar la despoblación", ha manifestado la consejera. Al mismo tiempo, ha destacado que "es una línea estratégica de este gobierno la búsqueda de ese equilibrio entre la protección ambiental y el desarrollo económico de los pueblos".